Juicios orales, alegatos de apertura y de clausura, audiencias públicas y abogacía oral son algunos de los términos jurídicos que hasta antes de junio del 2008 eran virtualmente desconocidos para México. Pero la reforma constitucional sobre justicia y seguridad ahora llama no sólo al conocimiento, sino a la práctica de esos conceptos.

Nuevos caminos para la justicia mexicana Colorado comparte su experiencia judicial

Volumen 3, No. 2 2010
[ilustración Ágora]

[ilustración Ágora]

Juicios orales, alegatos de apertura y de clausura, audiencias públicas y abogacía oral son algunos de los términos jurídicos que hasta antes de junio del 2008 eran virtualmente desconocidos para México. Pero la reforma constitucional sobre justicia y seguridad ahora llama no sólo al conocimiento, sino a la práctica de esos conceptos.

Para Luz María Bañuelos Shearer, investigadora y coordinadora de la unidad de procesos extranjeros de la Procuraduría de Justicia del estado de Colorado, cada uno de esos elementos es esencial para la implementación exitosa de la reforma del sistema judicial en México.

La aplicación de la nueva legislación mexicana reclama una perspectiva totalmente nueva en que la educación y capacitación son piezas claves y uno de los retos más grandes es la instrumentación de los cambios, comentó Bañuelos Shearer.

La necesidad de México de aprender de modelos judiciales de otros países fue escuchada y Colorado se ha convertido en uno de los estados líderes en compartir conocimientos y experiencias con sus contrapartes mexicanos.

La Alianza Estatal México y los E.U.A. que opera bajo la Conferencia de Procuradores de Justicia del Oeste de Estados Unidos (CWAG), emprendió un programa de capacitación para policías ministeriales, ministerios públicos, jueces, peritos y personal forense mexicano.

El Procurador de Justicia de Colorado John Suthers es uno de los impulsores del programa que opera bajo el auspicio de la Agencia de los E.U.A. para el Desarrollo Internacional y recursos de la Iniciativa Mérida por US$ 12 millones para los próximos tres años.

Suthers aplaudió el interés del presidente de México Felipe Calderón por contar con instituciones más fuertes y por enfocar sus esfuerzos en reformar el sistema de justicia del país. “El Gobierno mexicano quiere reformar el sistema de justicia criminal; quiere hacerlo más transparente, abrirlo. Pienso que es una empresa histórica en la que nos embarcamos para tratar de implementar las reformas”, comentó Suthers.

Entrevistado por Ágora en sus oficinas en Denver, Colorado, Suthers considera que compartir las experiencias y conocimiento del sistema judicial de los E.U.A. con México es una de las actividades más importantes en la que están envueltos.

En México, la parte acusadora nunca ha presentado alegatos de apertura o de clausura, y los investigadores no tenían que testificar ni presentar evidencias en corte. “Todo esto es nuevo para ellos y en eso consiste el entrenamiento”, señaló Suthers tras elogiar el trabajo de Bañuelos Shearer, en quien recae la responsabilidad organizacional de los cursos de capacitación.

Bañuelos Shearer es la directora del proyecto de entrenamiento a investigadores enmarcado en la Alianza Estatal de México y los E.U.A.

Los cursos se iniciaron en noviembre del 2008; hasta diciembre del 2009 se habían capacitado a más de 300 investigadores y se estima que para fines del 2010 se hayan entrenado a 600 más.

Los principales tópicos de las capacitaciones están centrados en la metodología para llevar a cabo la investigación, los cateos, la aprehensión de los presuntos responsables, la presentación del caso ante el ministerio público, la audiencia, y cómo recoger y conservar evidencias, todo acorde con las nuevas responsabilidades de una nueva generación de investigadores, agentes ministeriales y jueces en México.

La técnica de instrucción se basa principalmente en la presentación de ejercicios prácticos con escenarios simulados que colocan a los investigadores y agentes del Ministerio Público en ventaja porque no reciben solamente capacitación teórica.

Los participantes de los talleres son filmados cuando presentan un caso y reciben recomendaciones para mejorar no sólo la actuación oral, sino también el lenguaje corporal que puede ser “leído” durante el juicio.

Los policías ministeriales participan en homicidios simulados, desde la llamada inicial hasta la presentación del caso a la fiscalía y preparación para dar testimonio oral.

“Para los investigadores es crítico saber cómo documentar y preparar un resumen sin omitir detalle, porque de lo contrario el defensor va a tomar ventaja de esas omisiones y va a ser un flanco de ataque”, recalcó Bañuelos Shearer.

El programa de capacitación para los ministerios públicos está centrado en la argumentación oral con ejercicios prácticos sobre el alegato de apertura, e interrogatorios directos a testigos presenciales y peritos; asimismo, se contempla el contra-interrogatorio a testigos de la defensa, al acusado y a peritos para la defensa, y el alegato de clausura. También se instruye sobre la dinámica y los procedimientos del tribunal.

Hasta ahora las capacitaciones se han llevado a cabo en Colorado, Arizona, Nuevo México, Idaho, Texas, California, Nevada, Washington y Oregón.

A la fecha se ha capacitado personal de los estados mexicanos de Baja California Norte, Chihuahua, Morelos, Zacatecas, Oaxaca y Puebla. Los nuevos cursos serán dirigidos a Tabasco, Sinaloa, Michoacán, Durango, San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas.

Durante la primera mitad del 2010 se brindará capacitación a jueces y peritos forenses y se abordarán temas como el diseño, operación y acreditación de laboratorios forenses, y métodos de tipificación del ADN, balística y de la escena del crimen, comentó Bañuelos Shearer.

La metodología para llevar a cabo la investigación, los elementos para conseguir la orden de aprehensión, los cateos y todo lo que implica llevarlos a cabo —desde la preparación de documentación para ejecutar un cateo hasta la solicitud al juez para llevarlo a cabo— son elementos integrados en los cursos de capacitación que se comparten con investigadores, agentes del ministerio público, peritos forenses y jueces de México.

También se impartirán cursos en revisión de pruebas, toxicología, antropología forense y exámenes de huellas digitales.

La reforma judicial va tendrá un impacto en la agilización en los procesos de los casos, pero ésto también depende de la capacitación que los involucrados tengan para desempeñar su trabajo, señaló Bañuelos Shearer.

Además se contempla la creación de manuales, informes y sugerencias para facilitar la adopción de la nueva ley en los estados mexicanos, indicó la investigadora.

Bañuelos Shearer tiene 37 años en el servicio público. Inició su trabajo en la policía de Los Ángeles, fue oficial de la Oficina del Alguacil del Condado de Adams y luego se desempeñó como investigadora de la fiscalía en el mismo condado. En el año 2001 asumió la posición de procesos extranjeros que sustenta la persecución en el extranjero de delitos cometidos en los E.U.A.

La experiencia y los contactos que Bañuelos Shearer ha desarrollado a lo largo de su carrera la han ayudado a encontrar instructores dispuestos a compartir sus conocimientos de manera gratuita.

El motivo principal de Luz María Bañuelos Shearer, quien se considera una “apasionada por la justicia”, es precisamente brindarle justicia a las víctimas. Y en este sentido, la investigadora se empeña en compartir sus conocimientos para que México enfrente con éxito los nuevos retos.

“La administración de justicia será más rápida, los juicios no durarán más de dos años y habrá un tribunal de tres jueces”, dijo la investigadora.

Los retos de México para la instrumentación de la reforma no sólo recaen en la educación, entrenamiento continuo y certificación de los involucrados en el proceso judicial, sino también requieren nueva infraestructura para sostener los juicios orales y públicos, explicó Bañuelos Shearer.

“El cambio es profundo. Se trata de profesionalización. Antes, en México, si alguien decía ‘quiero ser policía’, alguien más le respondía, ‘aquí está tu placa. ¿No tienes pistola? Aquí está la pistola’ ”, dijo Bañuelos Shearer para ilustrar el cambio radical en el sistema judicial mexicano. Ahora, los policías investigadores serán sujetos a estrictos procesos académicos y de certificación.

Otra de las metas que Bañuelos Shearer busca lograr es capacitar al personal del sistema judicial de todas las entidades de México —31 estados y el Distrito Federal— para estandarizar los procesos de administración de justicia. “Estamos sugiriendo que para lograr tener un sistema más eficaz, la capacitación debe ser homologada en todos los estados; un modo de entrenamiento común, de tal forma que un investigador de Oaxaca sepa y entienda un proceso de investigación en Sonora. Debe haber una constante; esto es sólo en beneficio del sistema”, comentó la investigadora.

“México contará con instituciones de justicia más fuertes. La impartición de la justicia será más balanceada y justa. Esa es la diferencia”, dijo Bañuelos Shearer al referirse al cambio necesario para el avance del sistema judicial y de seguridad pública en México y al impacto de la reforma.

Bañuelos Shearer, de ascendencia mexicana, considera que estos trabajos binacionales entre México y los E.U.A. tienen como propósito garantizar justicia para el pueblo. “Ésto es algo histórico. Estamos desarrollando nuevos caminos para asegurar justicia para nuestra gente, porque lo que sucede en México, también sucede en Estados Unidos; porque somos vecinos; porque en estos esfuerzos compartimos un proceso de aprendizaje mutuo. Lo más importante es que cuando suceda un crimen estemos listos para perseguir, encontrar al responsable y hacer justicia a la víctima, porque no se hace justicia, hasta que se hace justicia a la víctima”, puntualizó.

El Subprocurador de Justicia de Colorado, Thomas Raynes, está de acuerdo con Bañuelos Shearer y se siente agraciado de ser parte del proceso de implementación del nuevo sistema judicial mexicano.

“Compartimos nuestros conocimientos en cómo ser un abogado en los tribunales”, señaló Raynes. La reforma judicial en México exige el desarrollo de la abogacía oral y es una de las áreas que más se enfatiza durante los entrenamientos.

“La diferencia es que México ahora tendrá juicios orales —un sistema similar al de Colombia, Chile y los E.U.A. El sistema ahora requiere la práctica de la abogacía oral; [se trata] de que se sientan confortables presentando el caso ante un tribunal de tres jueces. Ellos [investigadores mexicanos] nunca han hecho esto”, recalcó.

Los juicios orales, públicos y sin jurado, se han implementado en estados como Chihuahua, Oaxaca, Baja California Norte, Zacatecas y Puebla. En opinión de Raynes, el hecho de que los juicios ahora sean abiertos habla de la integridad en el sistema porque lo que ocurre en los tribunales será ahora transparente al público.

La reforma también abre la puerta para que las víctimas de crímenes se envuelvan más en el sistema y rápidamente confíen más en él. “Los cambios también implican experiencias de aprendizaje por parte de los jueces y abogados porque ahora, prácticamente estarán expuestos públicamente”, señaló Raynes.

El Subprocurador dijo que la corrupción es un problema propio de sistemas cerrados donde la gente no puede participar. “Entre más se abra un sistema, como lo está haciendo México, más se disminuye la posibilidad de corrupción porque la gente verá el proceso”.

Raynes sostiene que el sistema judicial en México está “bajo construcción” para la gente porque está basado en devolver a la población la confianza en sus instituciones.

De acuerdo con la sexta encuesta sobre criminalidad realizada en el 2009 por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad A.C., en México, en promedio, sÓlo se denuncia uno de cada cinco delitos —es decir, el 80 por ciento no son denunciados.

Con la reforma, se espera que también se registre un cambio cultural entre la población y que aumente el promedio de denuncias de crímenes.

Raynes confía en que para el 2016, la dinámica de justicia en México será completamente diferente: el fiscal tendrá que probar su caso y el acusado contará con la presunción de inocencia. Los acusados tendrán más derechos y protección, porque ahora el Gobierno tendrá que probar su culpabilidad.

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